Asesoría previsional

La Ley 20.255 que reforma el Sistema de Pensiones, publicada en el Diario oficial el 27 de marzo de 2008, introduce perfeccionamientos a los tres pilares que lo conforman-Pilar Solidario, Pilar Obligatorio y Pilar Voluntario-, con el fin de lograr un sistema integrado y coordinado que asegure la protección social a cada uno de los ciudadanos del país.

Dentro de estas modificaciones, define el objeto de la Asesoría Previsional como el otorgamiento de información a los afiliados y beneficiarios del Sistema de Pensiones, considerando de manera integral todos los aspectos que dicen relación con su situación particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones informadas de acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las prestaciones y beneficios que contempla esta ley. Se crea el Registro de Asesores Previsionales, que mantienen en forma conjunta las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros, en el cual deben inscribirse las personas o entidades que desarrollen la actividad de asesoría previsional.

La contratación de una asesoría previsional es voluntaria para el afiliado o sus beneficiarios, según corresponda, y en ningún caso podrá comprender la obligación de aquellos de acoger la recomendación que por escrito les fuere proporcionada por el Asesor Previsional.

Los afiliados o beneficiarios de pensión que cumplan los requisitos para pensionarse podrán, al momento de seleccionar modalidad de pensión de retiro programado, pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización individual, hasta el monto que resulte de multiplicar una tasa máxima fijada mediante decreto supremo, por el saldo de dicha cuenta destinado a esta modalidad de pensión. Cuando se seleccione una modalidad de pensión de renta vitalicia, los honorarios por concepto de asesoría previsional corresponderán a la comisión o retribución a que alude el inciso decimocuarto del artículo 61 bis. Con todo, los honorarios totales por concepto de asesoría previsional no podrán superar el 2% de los fondos de la cuenta de capitalización individual del afiliado destinado a pensión, con exclusión de aquellos que son susceptibles de ser retirados como excedente de libre disposición, ni podrán exceder un monto equivalente a 60 UF.